La Habana.- En el contexto de la escalada retórica y amenazas explícitas a Cuba desde Washington, la sociedad civil organizada de la nación antillana envió recientemente una demanda urgente a la máxima instancia global.
La Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) ha solicitado a Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que cumpla con el propósito fundacional de ese organismo y actúe para frenar las acciones de los Estados Unidos (EE.UU.) que ponen en peligro la paz regional.
Para analizar la dimensión jurídica de esta crisis y la legitimidad del reclamo, la Agencia Cubana de Noticias (ACN) dialogó con Enrique Carlos Loyola Vega, presidente en Villa Clara de la Sociedad Cubana de Derecho Internacional y miembro de la Unión de Juristas de Cuba. El experto explica por qué la comunidad internacional no debe permanecer indiferente ante una violación tan flagrante del Derecho Internacional (DI).
Una gestión legítima desde la sociedad civil organizada
La iniciativa de la ACNU se fundamenta en su carácter representativo y su estatus ante la ONU. Al preguntarle por la autoridad de esta organización para realizar tal demanda, el también profesor explica su naturaleza: la ACNU, con sede en La Habana, posee estatus consultivo ante la ONU, foro del cual Cuba es Estado fundador.
«Esta asociación tiene el mérito histórico de haberse opuesto, en la voz de su representante Eduardo Chibás, a la existencia en el Consejo de Seguridad de miembros permanentes con derecho a veto», destaca el jurista. Hoy, la ACNU agrupa 143 socios colectivos y 400 individuales que representan a la sociedad civil cubana.
Frente a quienes manipulan el concepto, Loyola Vega aclara su significado real con profundidad histórica.
«Sobre Sociedad Civil comienza hablarse desde los tiempos de la Grecia antigua, pero no fue hasta el siglo XIX con la burguesía que adquirió nueva connotación» y fundamenta, citando a Carlos Marx, que «a determinada fase de desarrollo de la producción corresponden determinadas formas de constitución social; es decir, una ‘Sociedad Civil’ a la cual corresponde un determinado estado político».
En la actualidad, explica, es el «conjunto de ciudadanos que se organizan de forma voluntaria y autónoma para actuar en el ámbito público, buscando el bien común, sin pretender apoderarse del poder político».
Por ello, subraya que el llamado de la carta es un acto de defensa preventiva ante una política hostil que se ha mostrado dispuesta a traspasar todos los límites. «La ACNU, en defensa de nuestro derecho a la paz y la soberanía, y ante las acciones amenazadoras del gobierno estadounidense –con antecedentes recientes en el acto genocida contra Venezuela y amenazas a Irán, Canadá o Groenlandia–, exige al secretario general que promueva los mecanismos de la ONU para impedir un nuevo acto de guerra, sea una agresión armada directa o un bloqueo naval total», afirma el experto.
La violación histórica y actual del derecho internacional
Se sabe que la situación actual no es un hecho aislado, sino la continuación de una doctrina expansionista.
Al preguntarle por la gravedad del momento, Loyola Vega sitúa la crisis en una larga historia de agresión. «Las acciones imperialistas de EE.UU. contra Cuba tienen su antecedente antes de la independencia de las Trece Colonias», señala recordando viejos planes anexionistas como «Cuba llave del Golfo», «Fruta madura» y «Destino manifiesto», así como la intervención en la guerra de independencia cubana.
Hoy, esa continuidad se expresa en una escalada que, según su análisis, quebranta de manera sistemática el orden jurídico global. «En su accionar los EE. UU. han violado los principios fundacionales de la Carta de la ONU y del Derecho Internacional Universal: libre determinación, igualdad soberana, no injerencia, no amenaza o uso de la fuerza, y arreglo pacífico de controversias».
Advierte el jurista que este actuar «viola nuevamente la proclama de América Latina (AL) y el Caribe como zona de paz, generando inestabilidad regional» y afectando la solidaridad entre los pueblos.
El imperativo de la ONU y la respuesta de Cuba
Frente a esta violación que amenaza con desestabilizar la región, la carta apela al deber primordial y la responsabilidad de la ONU.
El profesor Loyola Vega asegura que este recurso no es solo legítimo, sino un imperativo ético y jurídico. «Se exige el actuar de la ONU, como establece el principal propósito de su creación: preservar la paz. Debe promoverse la presión de la Comunidad Internacional para restablecer el orden mundial y el DI», argumenta.
Para él, esta es «tarea de todas las Sociedades Civiles para demostrar que construir un mundo mejor y más seguro es imprescindible».
Finalmente, consultado sobre la respuesta que Cuba debe tener ante este escenario de amenaza existencial, el jurista enfatiza la unidad, la perfección del proyecto social y la preparación como pilares irrenunciables. «Por parte nuestra debemos trabajar por perfeccionar la Sociedad Socialista bajo el principio de unidad de todo el pueblo en torno al Partido Comunista de Cuba (PCC), continuador del Partido Revolucionario Cubano».
Concluye con un llamado a la defensa, inspirado en el ejemplo más reciente de sacrificio: «Que el ejemplo de los 32 combatientes caídos en defensa de Venezuela nos guíe para prepararnos y defender la patria bajo la concepción de la Guerra de Todo el Pueblo, con la dignidad, el patriotismo y el valor de los cubanos».
