En las aceras de Camagüey, entre adoquines coloniales y plazas cargadas de historia, el rostro de la vulnerabilidad se ha vuelto cotidiano. Personas de la tercera edad, enfermos mentales, migrantes internos y ciudadanos desamparados transitan sin rumbo, muchos piden ayuda no por costumbre, sino por necesidad urgente. Lo que antes parecía excepcional se ha vuelto rutina.
La provincia, a pesar de haber sido una de las primeras provincias en contar con un Centro de Protección Social, enfrenta hoy una paradoja que no puede ser ignorada: el número de personas con conducta deambulante sigue creciendo a pesar de contar con una infraestructura institucional diseñada para atenderlas.
Esta contradicción revela no solo fallas en la implementación de políticas públicas, sino también una crisis más profunda que involucra abandono familiar, precariedad económica, envejecimiento poblacional y debilidad institucional.
Según datos de la Dirección de Salud Pública, en el municipio cabecera se identificaron 59 personas en situación de calle, mientras que otras 31 reciben atención en el Centro de Protección Social. Sin embargo estas cifras no reflejan la totalidad del fenómeno que vemos día a día en las calles. Ciertamente, el país aún opera con datos desactualizados, pues desde 2012 no se realiza un censo nacional, lo que imposibilita dimensionar con rigor el alcance real del problema.
Las causas en Camagüey son tan específicas como estructurales. El alcoholismo figura entre las más frecuentes, seguido por trastornos siquiátricos, discapacidad y desvinculación familiar. Se estima que al menos el 30 % de los deambulantes presentan consumo elevado de alcohol, el 24% padecen enfermedades mentales, y otro 30% viven con alguna forma de discapacidad. Muchos adultos mayores son despojados de sus viviendas por sus propios familiares, dejándolos sin respaldos ni recursos.
El Código de las Familias reconoce explícitamente los derechos de las personas adultas mayores, incluyendo la autodeterminación, la elección del lugar de residencia, la protección contra la violencia y el derecho a una vida familiar digna.
Ejemplo de ello es el Artículo 430 el cual señala que: «Las hijas e hijos y demás familiares tiene el deber de contribuir a la satisfacción de las necesidades afectivas y de cuidado, y al sostenimiento de las personas adultas mayores«.
No obstante, la aplicación de estas garantías depende de la voluntad de las familias y la capacidad del Estado para hacerlas cumplir. En la práctica, muchos ancianos viven solos, sin apoyo afectivo ni económico, y terminan en situación de calle. La falta de seguimiento institucional y el descuido de las autoridades competentes, convierten esta protección muchas veces en letra muerta.
La situación no es nueva ni exclusiva de Camagüey. En Cuba existen nueve Centros de Protección Social en funcionamiento, distribuidos en las provincias de Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey ,Holguín, Granma y Santiago de Cuba.
El centro camagüeyano, funciona con un modelo de atención temporal, hasta 90 días de alojamiento, alimentación, orientación psicosocial y evalución por un equipo multidisciplinario. El proceso de reinserción suele incluir el retorno al entorno familiar, ingreso en hogares de ancianos o derivación a centros psiquiátricos, según las características de cada paciente.
Sin embargo, la reincidencia es alta. Tras egresar, muchos vuelven a las calles semanas después, en idénticas situaciones de desamparo, queda lamentablemente como una solución temporal y no un cambio real. La realidad demuestra que, sin progragramas de acompañamiento postinstitucional, sin inclusión laboral adaptada, sin vivienda segura, la recuperación queda suspendida.
El acuerdo 10056/2025 del Consejo de Ministros,establece el protocolo para atender a personas con conducta deambulante, definiéndola como un trastorno multicasual vinculado a la inseguridad en el hogar, la carencia de autocuidado, la falta de autonomía económica y el abandono familiar.
Este enfoque, aunque reconoce la complejidad del problema, prioriza la contención y el traslado, pero no garantiza reintegración social ni escucha activa de quiénes lo viven, prueba de que es necesaria una solución estructural más profunda.
Camagüey ha desarrollado acciones preventivas en barrios vulnerables, con atención higiénica, alimentaria y orientación médica. Sin embargo, estas iniciativas aunque valiosas, no atacan las causas profundas del fenómeno. La atención a estas personas requieren acciones multisectoriales que incluyan tratamiento de adicciones, apoyo psicológico continuo, vivienda digna, y programas de inserción laboral adaptados a sus capacidades.
Cuba ha adoptado el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida (Decreto 109/2024), que busca articular políticas, programas y acciones para mejorar la eficacia de los cuidados. Este modelo, aunque prometedor, aún está en fase de implementación y requiere voluntad política,financiamiento sostenible y participación comunitaria.
Una estrategia aún poco explorada pero con potencial de impacto en el contexto cubano, es la creación de cooperativas sociales inclusivas, donde personas con conducta deambulante puedan integrarse en actividades productivas adaptadas a sus capacidades.
Inspiradas en experiencias latinoamericanas como las de Brasil o Urugüay, estas cooperativas no solo ofrecen ingresos estables, sino también sentido de petenencia y redes de apoyo. Funcionan como espacios de reconstrucción personal, donde el trabajo se convierte en vehículo de dignidad y reinserción, siempre acompañado por psicólogos y asistentes sociales, en un marco que promueve la autonomía y evita que la salida del centro, represente un regreso inevitable a la calle.
Un ejemplo valioso de este ecosistema comunitario en la isla es «Quisicuaba», un proyecto sociocultural religioso radicado en La Habana. Con un enfoque interdisciplinario ha logrado atender a personas en situación de vulnerabilidad, desde una lógica de cercanía comunitaria.
La tierra camagüeyana, con su historia de compromiso social y la creación de capacidades organizativas, tiene el potencial de fomentar un cambio real. Pero para lograrlo debe cerrar la brecha entre lo que se proclama y lo que se practica. La protección social no puede ser una vitrina, debe ser una red viva. Solo así se podrá responder con dignidad a quienes transitan nuestras calles, no por elección, sino por necesidad. (Fotos: Radio Camagüey)
