El horizonte laboral cubano se vislumbra en un punto de inflexión con la presentación del anteproyecto de la Ley del Código de Trabajo, cuya tramitación y votación se espera entre septiembre y noviembre de 2025.
Más allá de una simple actualización normativa, este cuerpo legal representa una reforma estructural diseñada para redefinir la relación entre el Estado, los empleadores y la fuerza laboral del país. La pretensión de universalidad en su aplicación abarca tanto al tradicional sector estatal como al pujante sector no estatal, rasgo quizás más definitorio, ya que busca sentar las bases de un marco de derechos y deberes homogéneo y exigible para todos los trabajadores cubanos, independientemente de dónde o para quién laboren.
Sin embargo, esta disposición busca otorgar mayor estabilidad a los trabajadores y evitar la perpetuación de esquemas que, en la práctica, podían derivar en condiciones laborales inestables y con derechos limitados. Complementando esta búsqueda de estabilidad y equidad, la inclusión de personas con discapacidad se presenta como un compromiso social y un reconocimiento de su pleno derecho a la participación laboral. El anteproyecto no se limita a declaraciones de intención, sino que establece pautas obligatorias para los empleadores, garantizando el acceso, la movilidad y el desarrollo profesional de este colectivo, promoviendo así una fuerza laboral verdaderamente diversa e inclusiva.
Otro punto importante que aborda el anteproyecto del Código de Trabajo es el derecho al teletrabajo. Esta inclusión abre la puerta a nuevas modalidades laborales, permitiendo a los trabajadores realizar sus tareas a distancia, ya sea por la naturaleza del puesto o por circunstancias personales, como la necesidad de cuidar familiares. Esta flexibilidad, largamente esperada, responde a las demandas de conciliación entre la vida profesional y personal y es un paso lógico en la modernización del panorama laboral cubano.
La protección de los ingresos constituye otro pilar fundamental. La obligación impuesta a los empleadores —tanto estatales como del sector no estatal— de salvaguardar los ingresos de los trabajadores ante interrupciones o el cese de la relación laboral introduce un nivel de seguridad económica que busca mitigar la vulnerabilidad de los empleados ante cambios inesperados en su situación laboral.
Finalmente, el anteproyecto de la Ley del Código de Trabajo se perfila como un instrumento transformador, un reflejo del compromiso de Cuba con la protección de sus ciudadanos. El desafío venidero radicará en su implementación efectiva y en la adaptación continua de esta norma, asegurando que sus principios se traduzcan en una realidad laboral más justa, productiva y digna para todos los cubanos.
