El estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios para frenar el contagio por la COVID-19, y de la política de precios aprobada a tono con la Tarea Ordenamiento, es el llamado de las principales autoridades en Camagüey ante la compleja situación epidemiológica que en la actualidad presenta la provincia, y las persistentes indisciplinas sociales y violaciones de los valores fijados a los productos en la comercialización.
Sobre el primer tema, Daniel Fuentes Milanés, presidente del Consejo de Defensa Municipal en la capital agramontina informó que se impusieron más de 86 multas con un monto de más de 200 mil pesos en la jornada de este martes por la inobservancia del Decreto-Ley 31, que refiere la aplicación de sanciones a los ciudadanos que incumplan con las medidas adoptadas en cada demarcación.
En tal sentido, se desarrollan visitas a las Zonas de Defensa en diferentes horarios para detectar las negligencias que propician la propagación del SARS-CoV-2, y se insiste en la necesidad de que los padres, como máximos responsables de los menores de edad, tomen conciencia de la gravedad del asunto y no permitan que sus hijos salgan de los hogares.
De acuerdo con la mencionada normativa, los infractores de las disposiciones sanitarias para la prevención y enfrentamiento de la COVID-19, pueden ser penalizados con multas que oscilan entre dos mil y tres mil pesos, y también podrán ser sancionados quienes no dispongan, en las entidades estatales y otras instituciones, de los medios de protección requeridos y las imprescindibles soluciones de agua clorada o alcohólica.
El uso incorrecto del nasobuco, la permanencia de niños en lugares públicos, el incumplimiento del distanciamiento físico y la aglomeración de personas, persisten como deficiencias detectadas en cada jornada, y que corroboran que aún falta autocuidado y responsabilidad por parte de la población camagüeyana.
Por otra parte, a alrededor de un millón 500 mil pesos asciende el monto de las multas impuestas en Camaguey en el presente calendario, sobre todo por alteraciones en los precios de productos necesarios para la población.
Antonio Delgado Sánchez, máximo representante de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) en el territorio, informó que laboran más de 40 brigadas con el objetivo de apoyar la detección de irregularidades en unidades de la producción y los servicios.
De igual modo, se corroboró que en los dos primeros meses de este año se efectuaron 31 decomisos de varios surtidos agrícolas y de la gastronomía, se aplicó la venta forzosa en más de un centenar de oportunidades, y se les retiró la licencia a 19 trabajadores por cuenta propia al incurrir en diversas violaciones.
Al referido grupo multidisciplinario se suman inspectores pertenecientes al sector del Transporte y personal de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), entre otros integrantes de las principales organizaciones políticas y de masas, para lograr un trabajo mancomunado que frene los altos precios que en la actualidad tienen vendedores que practican su actividad comercial en el territorio agramontino. (Dayessi García Sosa/ Radio Cadena Agramonte)
