Parlamento cubano aprueba Ley de Comunicación Social

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La Asamblea Nacional del Poder Popular, en su décima legislatura, aprobó este jueves la Ley de Comunicación Social, durante la segunda sesión extraordinaria que se desarrolla en el Palacio de Convenciones de La Habana.

El presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández, explicó que la creación de la norma, inicialmente como Decreto-Ley y luego como Ley, es el resultado de un amplio y riguroso proceso de construcción colectiva, en el que han participado profesionales y expertos de diferentes disciplinas, organizaciones e instituciones hasta llegar a la versión 34 del documento.

El presidente del Instituto de Comunicación e Información Social, Alfonso Noya Martínez, presentó el proyecto de ley a los diputados y afirmó que reconoce la contribución de la comunicación social para fortalecer la unidad del pueblo, afianzar la ideología de nuestra sociedad socialista y defender la independencia, soberanía y seguridad de la patria, un aporte de mayor trascendencia en el escenario de guerra política, ideológica, económica, comunicacional y cultural que enfrenta la Revolución cubana.

“El proyecto que se presentó ante el Parlamento siguió el camino más democrático, el de la construcción colectiva”, dijo.

El tránsito hasta la presente versión comprendió, de julio a octubre de 2022, la realización en todo el país del proceso de consultas especializadas del Anteproyecto de Ley en el que participaron estudiantes y profesores universitarios, periodistas, artistas, comunicadores sociales y otros profesionales, delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular y diputados, dirigentes políticos y gubernamentales, empresarios y nuevos actores económicos.

Añadió que del proceso se derivaron miles de opiniones y un grupo de consideraciones recibidas a través del correo electrónico y otras vías digitales.  

El nuevo Proyecto -desde los Por Cuantos hasta las Disposiciones Finales-registra 69 cambios de contenido y forma, que representan un 59.48% de transformación respecto al texto original de la versión 33 sometida a la segunda consulta con los diputados.

Noya Martínez destacó que la versión 34 del Proyecto de Ley de Comunicación Social que se sometió a consideración de los diputados este jueves “es más sólida, madura e integral” que la entregada en el mes de diciembre a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Tiene un nivel superior de consenso académico, profesional y social, logrado sobre la base del diálogo, la atención a cada opinión y la amplitud del ejercicio democrático deconstrucción y enriquecimiento de la norma, argumentó.

La Ley tiene como objeto regular el Sistema de Comunicación Social para la gestión estratégica e integrada de los procesos de comunicación social en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario, con fines políticos, de bien público, organizacionales y comerciales, tanto en los espacios públicos físicos como en los digitales.

Comprende, además, establecer los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social en el país. 

El diputado José Luis Toledo Santander dio lectura al dictamen sobre el proyecto de Ley de Comunicación Social, y subrayó el amplio proceso de discusión a la que sometida la norma, que permitió un enriquecimiento notable del contenido.

Se ha alcanzado un documento mejor concebido en sus conceptos y con una mayor claridad en su contenido, asumiendo a la comunicación social como la base de la comunicación humana, dijo.

El país reconoce, a través de este proyecto de ley, la importancia de legislar en un único cuerpo jurídico todo lo referente a la comunicación, aunando los diferentes ámbitos que ella comprende como puede ser el mediático, organizacional, comercial e institucional, comentó. 

Díaz-Canel: La ley aporta una visión más integral de lo que es la comunicación

 

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, apreció el debate que se realizó previo a la aprobación de la ley, en especial, los criterios de jóvenes y preparados diputados.

Esta norma jurídica, dijo, es fruto de un largo proceso de debate y de revisión social, como consecuencia del desarrollo de la llamada sociedad de la información y el conocimiento. Agregó que la redacción de los artículos de esta ley tiene un enfoque necesariamente regulatorio. 

“Su mayor valor radica en el reconocimiento de las potencialidades y beneficios de la Comunicación Social para el desarrollo del país”, comentó. “El largo período de confrontación y la agresividad que caracteriza la criminal política del gobierno estadounidense impacta en todos los ámbitos de la sociedad cubana y, de manera particular, en lo comunicacional”.

El presidente sostuvo que hoy es fundamentalmente el diseño de un marco de posibilidades que apunten -indicó- al desarrollo del sistema de comunicación social en Cuba, y que además hemos concebido como uno de los pilares de la gestión del gobierno institucional y comunitaria, y no solo mediática o asociada específicamente a la prensa. 

Díaz-Canel dijo que la ley aporta una visión más integral de lo que es la comunicación, y permite su interpretación en el ámbito digital, así como su integración con el resto del sistema por la complejidad del escenario en que se desarrolla, ya que este evoluciona con mucha velocidad.

Resaltó la importancia de reconocer e incluir el papel y lugar de las personas en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario, pues todos los que participan en los procesos comunicacionales inciden, interactúan, se relacionan, tienen niveles de influencia y de insumos, de forma directa o indirecta, en sus lógicas de funcionamiento, y deciden en algún grado la eficacia de la comunicación.

Por otra parte, dijo, estos ámbitos sólo cobran sentido en su interrelación con las personas desde las acciones que se diseñan para ellas, con ellas, o teniendo en cuenta sus características y/o necesidades.

“Es fundamental y necesario, que junto con esta ley y a favor de su implementación más efectiva, se promueva e impulse la educación para la comunicación y la alfabetización mediática e internacional de las personas en nuestro país”.

El presidente consideró necesario que se entienda “la necesidad imperiosa de dotar a la población de conocimientos, capacidades y herramientas para una comprensión y valoración crítica de las lógicas de funcionamiento de los medios, además de potenciar y facilitar el acceso a ellos y a las tecnologías de la información y las comunicaciones”.

“Reconocer y ponderar la educación para la comunicación es crucial para asumir los nuevos procesos comunicacionales que hoy se manifiestan, sobre todo en el espacio digital, incluyendo los que existen y los que deseamos crear o fortalecer como sociedad socialista”.

Díaz-Canel afirmó que más de dos tercios de la población global accede hoy con cierta regularidad a Internet, pero este espacio está cada vez más dominado por un grupo reducido de transnacionales, y este nivel de concentración del consumo y plataformas que no son de propiedad pública y que establecen restricciones a las prácticas de los usuarios está en función de sus intereses.

Puntualizó  que la norma jurídica tiene un fuerte impacto  para la seguridad nacional, en un contexto de intensa guerra mediática.

Además, el presidente recordó que en la ley se menciona en más de  20 ocasiones a la Constitución de la República.

La ley, dijo, debe convertirse en un instrumento de trabajo permanente para entender que el fin no es el mensaje, sino la utilidad imprescindible de la gestión comunicacional en función de los objetivos estratégicos.

El presidente añadió que esta legislación debe permitirnos superar los vacíos y vencer las inercias institucionales que inciden negativamente en los servidores públicos responsables de informar a la población. Alertó que le toca a la prensa informar a la población responsablemente.

 

Diputados: Esta es una ley histórica

 

Los diputados se sumaron desde el Palacio de las Convenciones a la condena de las agresiones contra el grupo musical Buena Fe en Barcelona, quienes fueron víctimas del odio de contrarrevolucionarios respaldados por las fuerzas fascistas de Europa y la ultraderecha de Miami, con la complicidad y el financiamiento del gobierno de los Estados Unidos.

El diputado y director del periódico Juventud Rebelde, Yoerkis Sánchez dijo que esta ley es valiosa porque tiene aportes de diputados de dos legislaturas de la  ANPP.

Aclaró que no se trata de una norma gremial circunscrita a un grupo o conjunto de personas, es una ley de “todos y para el bien de todos”, porque transversaliza distintos procesos sociales que colocan en su centro a los ciudadanos. 

Para las organizaciones mediáticas -dijo- se establecen más posibilidades de sostener su desarrollo y fomentar la modernización de nuestros medios. Agregó que la ley recoge temas como la publicidad y el patrocinio. “Estos elementos no están en contradicción con nuestros valores socialistas”.

Ailyn Fables Estrada precisó que la ley por sí sola no es suficiente, dijo que se necesitan otros instrumentos legales que la complementarán. Entre ellas la ley de transparencia y acceso a la información que será aprobada y sometida a discusión del Parlamento en este cronograma legislativo, o una ley de datos tan necesaria en nuestro país.

Es una ley perfectible como toda obra humana, pero por sobre todas las cosas, es una ley útil oportuna y pertinente, subrayó.

“Cada mes aparecen nuevas tecnologías, cada minuto se generan millones de datos, crecen exponencialmente los dispositivos conectados, y nuestros niños y jóvenes están más de la mitad del tiempo de vigilia conectados y en Internet”.

La diputada comentó que durante el proceso de consultas propuso incorporar explícitamente en el artículo 93.2 del capítulo 13 de la Formación preparación y superación en Comunicación Social a la educación, además de la educación superior, por ser urgente que nuestros niños y jóvenes aprendan métodos y técnicas para construir una cultura de diálogo que les permita comunicarse de forma correcta.

Este planteamiento de la diputada fue tomado en cuenta por la comisión redactora de la Ley.

La diputada Leydis María Labrador insistió en la necesidad de comprender las responsabilidades que tienen muchos funcionarios y directivos de con seriedad y la valentía responder a las inquietudes de la población. 

Alertó la importancia de utilizar a los comunicadores sociales, de darle a esos profesionales la función y el reconocimiento que merecen. “Muchas veces tenemos a un comunicador social, durante varios meses, trabajando en una estrategia de comunicación y después la engavetamos”.

Agregó que la ley recoge que existen personas que están obligados a dar información. “Estas personas deben no solo informar, sino saber comunicar y deben las herramientas subjetivas para poder enfrentarse a los procesos comunicativos”.

La diputada por el municipio de Trinidad Rosa Miriam Elizalde subrayó que “esta es una ley histórica”,  porque “es la primera Ley de Comunicación derivada directamente de la Constitución que tendrá Cuba”.

Resaltó que la última ley relacionada con algunos de los elementos de la comunicación -que en este caso fue el sector mediático, el periodístico- data de la época de la colonia, o sea, “la ley anterior más duradera que tuvo que ver con algo o alguna de las partes de este sistema que tuvo Cuba fue dictada en 1886, la conocida como la Ley de Imprenta que regulaba la producción periodística para Cuba y Venezuela”.

“Obviamente no hubo un total vacío legal”, dijo la profesora, sino “hubo otras leyes de segundo orden, regulaciones administrativas, y un breve período donde después del golpe de Estado de Batista se creó el Ministerio de Propaganda primero y Ministerio de Información después”.

“Esta, dijo, fue una institución que duró solamente hasta el asalto al cuartel Moncada porque, a partir de ahí, estos instrumentos legales se dedicaron a la censura, para evitar que la población cubana se enterara de los asesinatos y de los crímenes horribles, de las torturas que se producían y se produjeron hasta el triunfo de la Revolución en 1959”.

“El tema que ignoran deliberadamente esos nostálgicos que conviven en esa zona de la ‘ciber chusmeria’”, subrayó Elizalde.

La también vicepresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) enfatizó en que se trata de “la primera ley superior derivada directamente, no solo de una Constitución, sino de una Constitución socialista”.

En ese sentido, puntualizó que “la trascendencia histórica de esta ley desborda ampliamente nuestra geografía”, porque “es la primera norma de América Latina que trasciende lo sectorial”.

Comentó que la norma es una de las grandes aspiraciones de la comunidad académica profesional de los comunicadores, en principio de América Latina, con quienes nosotros en la Upec conversamos mucho, y resuelve no solo este problema que procede del mundo analógico, sino que favorece las respuestas sistémicas estructurales a los enormes desafíos que vivimos y a los grandes problemas acumulados en la gestión del sistema de comunicación pública nacional.

“Un sistema -continuó Elizalde- que, por primera vez, va a adquirir herramientas para fortalecer sus procesos de comunicación, va a permitir cumplir con sus mandatos sociales, va a fortalecer también la innovación”.

La norma “coloca al Estado en capacidad de mediador y garante de los derechos de los ciudadanos cubanos ante los excesos de compañías internacionales con un poder económico y de control social nunca antes visto, sin regulaciones”.

Otros diputados destacaron que la norma da respuesta a un anhelo del sector y que el gran reto ahora es su aplicación, cómo seremos capaces de implementarla y apropiarnos de lo que ella plantea.  

También insistieron en la importancia que tiene tanto a título personal como institucional del uso responsable del ciberespacio por la lucha ideológica a la que se somete Cuba constantemente.

Daicar Saladrigas González, directora del periódico Adelante, se refirió a la situación material actual en los medios de comunicación en el país que, aunque no impide su labor, sí la dificulta, sobre todo en cuanto a acceso a la tecnología.

Afirmó que la norma jurídica refuerza los derechos ciudadanos y que también permite conservar el patrimonio cultural de la nación.

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