Con la asistencia José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente de las Consejos de Estado y de Ministros inició el XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

El cónclave que reúne a mil 194 delegados en representación de todos los sindicatos y provincias del país, se realiza tras un amplio proceso orgánico que propició la participación de los integrantes de los colectivos laborales, quienes formularon cerca de 184 mil planteamientos, y el fortalecimiento de las estructuras sindicales desde la base.

En esta jornada, Ulises Guilarte De Nacimiento, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) y secretario general de la CTC dio a conocer una síntesis del informe central. También se prevé una conferencia a cargo de Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, sobre las políticas aprobadas con incidencia en la política laboral el país.

En horas de la tarde tendrán lugar las conferencias sobre el comportamiento de la economía cubana y la política de empleo y salario. También cancelarán el sello 80 Aniversario de la CTC.

En la cita participan además cuatro colaboradores que cumplen misión internacionalista en Venezuela de los sectores de la salud, la educación, el deporte y la cultura; además de 50 invitados internacionales de 30 organizaciones mundiales entre las que se destaca la Federación Sindical Mundial.

Los análisis en las diferentes estructuras de la organización se concentraron en el funcionamiento sindical; la política de cuadros y la sindicalización; la capacitación sindical, laboral, económica y jurídica; la realización de las asambleas de afiliados y trabajadores y de representantes.

Asimismo, se debatió sobre el cumplimiento de los planes de la economía y su eficiencia; la preparación política ideológica, los sistemas de pago, los Convenios Colectivos de Trabajo, las condiciones laborales, la Seguridad y Salud, así como la batalla contra el delito, las ilegalidades y la corrupción.

La mayoría de los debaten giraron en torno a las transformaciones en la composición y relaciones del escenario laboral; la política de empleo y salario, y sus relaciones y cambios del marco regulatorio, que impactan directamente en la actualización y el perfeccionamiento del modelo económico-social en el escenario laboral del país.

Según las estadísticas brindadas en el informe central del Congreso, al cierre de 2018 se encontraban ocupados en la economía 4 millones 482 mil 700 trabajadores, 3 millones 67 mil en el sector estatal y en el no estatal 1 millón 415 mil 700, con una tasa de desocupación del 1,7%.

En este sentido, se observa un cambio en la composición del empleo, con una sostenida diversificación y crecimiento de las formas de gestión no estatal, que ya alcanza el 32% del total de ocupados. “Ello ha impuesto la necesidad de incorporar una práctica sindical nueva, con un estilo y métodos más creativos que permitan elevar el reconocimiento a la capacidad organizativa, de representación y convocatoria de la organización, objetivo en el que persisten no pocas insuficiencias”, cita el informe.

Sobre la política de cuadros, informaron que actualmente está cubierta al 96,1% a nivel de país, con 173 plazas vacantes (64% a nivel municipal).

Se señalaron además deficiencias en los análisis periódicos sobre el funcionamiento de la organización, desde una visión que supera los espacios orgánicos y lo considera la vía para desde la práctica legitimar el liderazgo del sindicato que asegure canalizar la capacidad decisoria de los trabajadores en todos los niveles. Ello propicia que se afecte el reconocimiento a la gestión del sindicato por afiliados y empleadores.

Resaltó en el informe la necesidad de priorizar la atención a los jóvenes trabajadores, desde la óptica educativa y prácticas más innovadoras en los actos de recibimiento, la asignación de tutores y la promoción de espacios para su participación protagónica como líderes de proyectos y garantías para su superación profesional.

Reconocieron la poca presencia en los escenarios del sindicato de los organismos estatales, hoy órganos rectores, ni con la dirección de los gobiernos locales. “Entre los trabajadores cubanos prevalecen demandas en temas relacionados al establecimiento de un mercado mayorista de venta de productos liberados; que los inspectores trabajen con mayor rigor y sistematicidad contra los ilegales; y la falta de condiciones en los locales y áreas de concentración”. Guilarte aseguró que estas inquietudes han sido examinadas con los organismos vinculantes a su respuesta.

“Están presentes también indisciplinas y violaciones de la legalidad, que han proliferado ante las deficiencias de las instituciones encargadas de su inspección y control, incluyendo la ausencia de combatividad de nuestras estructuras sindicales”, cita el informe leído por el dirigente sindical.

Dentro de la batalla económica se continuó fortaleciendo el derecho de los trabajadores a participar en la gestión económica de sus entidades, pese a las tensiones en la asignación de portadores energéticos, el déficit en la balanza de pagos en divisas, el elevado nivel de endeudamiento, el incumplimiento del proceso inversionista, y las imprecisiones en los encadenamientos productivos e intermitencia en el suministro de insumos y materias primas.

Desde el control sindical, se convocó la batalla contra el robo y el desvío de combustible, a partir del análisis sistemático del cumplimiento de los índices de consumo y la incorrecta utilización de las tarjetas magnéticas.

Por su repercusión en el escenario laboral, fue crítica y aportadora la evaluación del comportamiento de la Política de Empleo y Salarios en los diferentes niveles de nuestros organismos de dirección. En este sentido, el movimiento sindical ha respaldado la política de reordenamiento laboral, ejerciendo el papel de garante del principio de idoneidad demostrada durante la admisión y la promoción al empleo. Según datos aportados por Guilarte al cierre de 2018, ejercían el pluriempleo 18 mil 12 trabajadores del sector estatal.

A decir del directivo nacional: “La CTC y sus sindicatos no hemos logrado influir con efectividad en las direcciones administrativas para defender con mayor firmeza, que no sea la variable fuerza de trabajo el único indicador que regula la eficiencia económica en los procesos productivos y de servicios”.

Cita también que subyacen otros problemas en la organización y normación del trabajo, la reducción de gastos administrativos, en la disciplina laboral y tecnológica, en el aprovechamiento de las capacidades instaladas y en la oportunidad de la contratación económica.

Según la información brindada por los órganos, organismos y organizaciones superiores de dirección empresarial, al cierre de 2018 se controlaron 31 mil 379 trabajadores interruptos. Fueron reubicados temporalmente 4 mil 967 trabajadores (16%), cobran garantía salarial 17 mil 277 (55%) y sin garantía salarial 9 mil 55 (29%).

Al respecto, los trabajadores directos a la producción representan el 94% del total (29 mil 604). Entre las problemáticas fundamentales que recaen en la interrupción de la actividad productiva salen a relucir la falta de materias primas y materiales de importación, la rotura de equipos tanto industriales como de transporte, falta de piezas de repuesto y paralización por reparación capital y mantenimiento general de equipos e instalaciones.

Sobre el sector no estatal, al cierre de enero del 2019 ejercen el trabajo por cuenta propia 584 mil 477 personas, el 66% de ellas en las provincias de La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba. Las actividades más representativas son la elaboración y venta de alimentos, transporte de carga y pasajeros, arrendamiento de vivienda, habitaciones y espacios, y agente de telecomunicaciones.

Como se ha informado en otros escenarios, el salario fue el planteamiento más reiterado y generalizado, asociado con lo insuficiente que resulta y el déficit de su capacidad de compra ante los elevados precios en el mercado minorista.

Esta situación incide directamente en una migración laboral de magnitudes importantes, apatía por el trabajo y desinterés en ocupar responsabilidades. Ante esta compleja situación, se han venido adoptando decisiones con carácter parcial, mediante la actualización de las normas para las formas y sistemas de pago en el sector empresarial.

Según el Informe Central el salario mensual por trabajador del sistema empresarial al cierre de 2018 ascendió a 871 pesos, superior en un 6% al planificado; 946 mil trabajadores y mil cinco empresas alcanzaron un salario medio inferior a la media del país. El 14% de los trabajadores (198 mil) reciben salarios menores o iguales a 440 pesos.

En el sistema presupuestado es de 634 pesos, similar al de 2017. En los organismos y órganos del Poder Popular que no reciben incrementos desde 2005, es de 485 pesos.

Con la aplicación de los sistemas de pago por resultado el salario medio se incrementó 326 pesos entre los años 2014 y 2017, no obstante, reconocen que las experiencias negativas en su aplicación, unido a las afectaciones en los aseguramientos materiales y financieros y las deficiencias en la planificación, demandan su perfeccionamiento.

Para concluir, Guilarte de Nacimiento se refirió a la importancia de identificar las insuficiencias, para diseñar y construir el consenso y enfrentar su solución. “No habrá labor sindical si el sindicato no ejerce su papel de dirigente y de representante, si no funciona, moviliza y educa, siempre enarbolando la unidad como principio clave.